Analizan desde el Blog Castigado Contra la Pared, parte de los problemas de la administración local en España.En parte es innegable que no le falta razón. Pero el que suscribe no puede estar del todo de acuerdo con las causas que esgrime.
En primer lugar, porque esencialmente que un ayuntamiento este endeudado, no es malo. Digo esencialmente, porque si se cumplen los requisitos a rajatabla de no endeudarse por encima de la capacidad financiera, que no es otra que la cuantía de los ingresos ordinarios, queda margen suficiente para que en caso de crisis, exista margen de maniobra más que suficiente.
Por lo tanto, si se cumple con esa máxima de no endeudarse por encima de las posibilidades de ingreso ordinario chapeau.
En segundo lugar, porque el deber de control no corresponde únicamente a la propia entidad local. En Navarra es responsabilidad del Gobierno de Navarra su control. Otra cosa es que las actas de los plenos se revisen como corregía aquel profesor de primaria. Lanzarlos en el baño, y los que entren en la bañera se miran con lupa, el resto aprobados. No es serio…
En tercer lugar, porque las normativas urbanísticas propiciadas fundamentalmente por las Administraciones de las Comunidades Autónomas han impulsado crecimientos desorbitados con imputaciones de dotaciones más que dudosas. Me explicaré. Dentro del desarrollo de planeamiento de nuevas unidades, estas deben correr con la aportación de los terrenos y a veces la construcción de nuevas dotaciones. Este sistema se ha pervertido de tal forma que para conseguir nuevas dotaciones gratis para la administración se provocan recalificaciones desmedidas. Véase el PSIS del tren de Alta Velocidad paralizado por un abogado de Pamplona.
Es decir, para no tener que comprar el suelo de una estación de tren recalificamos una barbaridad de terrenos.
Resulta evidente que la tentación de asumir ese incremento de ingresos para dedicarlos a gasto corriente, incrementándolo, vence muchas voluntades. Y ahí si que tiene razón el bloguero, ayuntamientos Ikea y cuatro por cuatro.
En cuarto lugar, y no menos importante, es que esto es el resultado de que simplemente somos tontos. Porque cuando esas situaciones, con la salvedad expuesta, se detectan, hay que modificar el sentido del voto. Y doblemente. Tanto para los que han incumplido las más elementales normas de sentido común despilfarrando, como para los que tuercen la Ley desde el Gobierno Central para asfixiar a ciudades y no dejarles renegociar deuda legítimamente.
Hay varios significados de tránsito. El que más se puede acomodar al título de este blog es "Muerte de una persona santa y justa, o que ha dejado buena opinión con su virtuosa vida". Eso es lo que le ha pasado a la palabra, que se la lleva el viento...
viernes, 19 de noviembre de 2010
miércoles, 10 de noviembre de 2010
Sobre el jurado
Cuando se reintroduce el Jurado en España, se estaba pensando en la participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia a la hora de aplicar la Ley. Tradicionalmente se establecía en determinados momentos históricos, como una supuesta garantía de libertad frente a unos jueces de los que se dudaba. La CE 1978, lo hace como falso reflejo de otras etapas de supuesta mayor libertad.
La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, señala: «Lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español; cada período de libertad ha significado la consagración del Jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos».
Esto me parece un despropósito, puesto que no hay ni mayor o menor libertad siendo juzgado por ciudadanos de a pie o por jueces profesionales. La libertad ni te la da el poder juzgar, ni te la quita el no poder hacerlo.
Tras los últimos casos padecidos en Navarra (si, padecidos), se imponen varias reflexiones.
1.- El sistema actual del jurado no funciona.
No puede ser que diez personas deban decidir el límite entre culpa consciente, dolo eventual, etc. Conceptos tan etéreos que a la mayoría de los profesionales les cuesta determinar.
La influencia de los magistrados en el proceso puede influir en el jurado y en el acusado. Me explicaré. Si un magistrado ordenase reiteradamente la devolución de un veredicto, más de un miembro del jurado podría enfadarse y querer terminar de manera inmediata su encierro. O si por ejemplo, la prisión provisional ha sido mantenida durante el proceso, incluso cuando las partes hayan pedido su salida, se está perjudicando al acusado.
La presión mediática suele favorecer al acusado. Cuanto más se le condene en la calle, sin la observancia de todas las pruebas, sin la inmediatez completa de la causa, y con una presión acusadora muy fuerte, se favorecerá una especie de síndrome de Estocolmo en los miembros del jurado. Una buena estrategia defensiva, dentro de la rectitud de comportamientos, destruirá por completo la imagen del acusado con rabo y cuernos que previamente podrían tener los miembros del jurado.
2.- El veredicto debería ceñirse a la culpabilidad del acusado y punto.
Eso en un sistema garantista como el nuestro distorsiona el sistema de jurado. En España debe destruirse por completo la presunción de inocencia. La convicción para condenar debe ser plena. Evidentemente plantes muchos problemas que exceden este artículo de opinión.
3.- Los juicios con Jurado ponen de manifiesto que en España está fracasando la instrucción.
Resulta paradójico, comparando con otras democracias avanzadas que existe un Juez instructor que sea el que ordena y dirige la investigación, a la vez que es el que decide el procesamiento. En otros estados, la fiscalía es la que dirige la investigación, se encuentra al frente de la policía judicial, y decide formular la acusación al juez de instrucción que solamente es garante de los derechos del imputado.
Aquí no. La fiscalía solicita pruebas, que se le conceden o no. Y luego es el Juez el que pone a las acusaciones en el disparadero de acusar. A pesar de la previsión de que si la fiscalía solicitara nuevas diligencias el juez esta obligado a realizarlas (alguno esto no lo entienden, y existe numerosa jurisprudencia), las anteriores pruebas denegadas, ya no se admiten.
Es necesario que los fiscales instruyan los asuntos puesto que son ellos los que acusan, y que los jueces de instrucción se ciñana exclusivamente a garantizar los derechos del imputado.
Esto nos llevaría a que la fiscalía, o los fiscales de instrucción debieran ser independientes. Pero eso ya excede del tema del jurado, y hoy no toca hablar de política.
La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, señala: «Lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español; cada período de libertad ha significado la consagración del Jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos».
Esto me parece un despropósito, puesto que no hay ni mayor o menor libertad siendo juzgado por ciudadanos de a pie o por jueces profesionales. La libertad ni te la da el poder juzgar, ni te la quita el no poder hacerlo.
Tras los últimos casos padecidos en Navarra (si, padecidos), se imponen varias reflexiones.
1.- El sistema actual del jurado no funciona.
No puede ser que diez personas deban decidir el límite entre culpa consciente, dolo eventual, etc. Conceptos tan etéreos que a la mayoría de los profesionales les cuesta determinar.
La influencia de los magistrados en el proceso puede influir en el jurado y en el acusado. Me explicaré. Si un magistrado ordenase reiteradamente la devolución de un veredicto, más de un miembro del jurado podría enfadarse y querer terminar de manera inmediata su encierro. O si por ejemplo, la prisión provisional ha sido mantenida durante el proceso, incluso cuando las partes hayan pedido su salida, se está perjudicando al acusado.
La presión mediática suele favorecer al acusado. Cuanto más se le condene en la calle, sin la observancia de todas las pruebas, sin la inmediatez completa de la causa, y con una presión acusadora muy fuerte, se favorecerá una especie de síndrome de Estocolmo en los miembros del jurado. Una buena estrategia defensiva, dentro de la rectitud de comportamientos, destruirá por completo la imagen del acusado con rabo y cuernos que previamente podrían tener los miembros del jurado.
2.- El veredicto debería ceñirse a la culpabilidad del acusado y punto.
Eso en un sistema garantista como el nuestro distorsiona el sistema de jurado. En España debe destruirse por completo la presunción de inocencia. La convicción para condenar debe ser plena. Evidentemente plantes muchos problemas que exceden este artículo de opinión.
3.- Los juicios con Jurado ponen de manifiesto que en España está fracasando la instrucción.
Resulta paradójico, comparando con otras democracias avanzadas que existe un Juez instructor que sea el que ordena y dirige la investigación, a la vez que es el que decide el procesamiento. En otros estados, la fiscalía es la que dirige la investigación, se encuentra al frente de la policía judicial, y decide formular la acusación al juez de instrucción que solamente es garante de los derechos del imputado.
Aquí no. La fiscalía solicita pruebas, que se le conceden o no. Y luego es el Juez el que pone a las acusaciones en el disparadero de acusar. A pesar de la previsión de que si la fiscalía solicitara nuevas diligencias el juez esta obligado a realizarlas (alguno esto no lo entienden, y existe numerosa jurisprudencia), las anteriores pruebas denegadas, ya no se admiten.
Es necesario que los fiscales instruyan los asuntos puesto que son ellos los que acusan, y que los jueces de instrucción se ciñana exclusivamente a garantizar los derechos del imputado.
Esto nos llevaría a que la fiscalía, o los fiscales de instrucción debieran ser independientes. Pero eso ya excede del tema del jurado, y hoy no toca hablar de política.
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jurado navarra fiscalia acusado instruccion
Cuando en la administración hay dos varas de medir, ha llegado la hora de cambiarla.
Ya era un ronroneo incesante en la red. Se había sancionado a policías municipales de Pamplona por multar coches oficiales del Gobierno que se encontraban mal estacionados.
En concreto, cuenta Diario de Navarra: “los responsables de Policía Municipal de Pamplona han ordenando a los policías que en el caso de encontrar un vehículo oficial mal aparcado no sancionen, sino que preparen un informe con fotos y datos de la infracción, para que sea así el órgano competente, en este caso la concejal, la que sancione.” http://bit.ly/clioVV
Los policías municipales nunca sancionan. Lo hace, en este caso, la concejala delegada. Los policías denuncias , vamos que ponen la multa con la posible sanción. Luego ya vendrán los recursos, si los hay, y la sanción en cuestión.
Más allá de esta apreciación, fruto del desconocimiento del periodista que redacta la noticia, debemos leer entre líneas.
Claro que podrán multar, pero de ahí a que se lo lleve la grúa, o le deje la multa en el limpia parabrisas, eso no claro.
Sigue diciendo la noticia: “que preparen un informe con fotos y datos de la infracción, para que sea así el órgano competente, en este caso la concejal, la que sancione.” Vamos, que lo multen, pero con discreción, y luego ya veremos. Que no ordenen lo que hacen frente al resto de ciudadanos, eso de conductor ausente, eso de impide la circulación, eso de contraviene la ordenanza tal. Vamos, la manga ancha pura y dura.
Pero el colmo de los despropósitos lo encontramos en la siguiente afirmación “Se busca así evitar algunos enfrentamientos repetidos en las últimas semanas”. Es decir, que si le monto la pirula al agente en cuestión por la multa que me va a poner o me está poniendo, a mi ciudadanito de a pie, cañita de la buena. Pero si soy el chofer del fulano o formo para de la escolta del mengano, con tal de no discutir, pues nada. Como si los ciudadanos no lleváramos toda la vida con enfrentamientos repetidos.
En resumen, que ellos si pueden dejar el coche donde quieran y cuando quieran, a pesar de la normativa vigente, incluso cuando estorba y tienen sitio, y los demás no.
Para eso el propio Ayuntamiento de Pamplona facilita unos tarjetones que deben colocarse en lugar visible. Claro, y si el coche es de esos camuflados, como son la mayoría, ¿el agente debe ser adivino?.
O si el vehículo realmente obstaculiza ¿tampoco lo multan ni ordenan su retirada?.
Oigan, que esto no es serio. Ni es seria la actitud que la policía tenía habitualmente con estos señores, a los cuales les permitían todo. Ni es seria la actitud de a estos palo, y a esto, a los del coche oficial guante de seda.
La Constitución Española en su artículo 14 establece la igualdad de todos ante la Ley. Y en otro artículo el sometimiento de los poderes públicos a la legalidad vigente. A buen entendedor pocas palabras bastan.
Lo que no podrán impedir será el que los ciudadanos denunciemos esos vehículos mal estacionados. Ni el ridículo que consiguen en la red.
En concreto, cuenta Diario de Navarra: “los responsables de Policía Municipal de Pamplona han ordenando a los policías que en el caso de encontrar un vehículo oficial mal aparcado no sancionen, sino que preparen un informe con fotos y datos de la infracción, para que sea así el órgano competente, en este caso la concejal, la que sancione.” http://bit.ly/clioVV
Los policías municipales nunca sancionan. Lo hace, en este caso, la concejala delegada. Los policías denuncias , vamos que ponen la multa con la posible sanción. Luego ya vendrán los recursos, si los hay, y la sanción en cuestión.
Más allá de esta apreciación, fruto del desconocimiento del periodista que redacta la noticia, debemos leer entre líneas.
Claro que podrán multar, pero de ahí a que se lo lleve la grúa, o le deje la multa en el limpia parabrisas, eso no claro.
Sigue diciendo la noticia: “que preparen un informe con fotos y datos de la infracción, para que sea así el órgano competente, en este caso la concejal, la que sancione.” Vamos, que lo multen, pero con discreción, y luego ya veremos. Que no ordenen lo que hacen frente al resto de ciudadanos, eso de conductor ausente, eso de impide la circulación, eso de contraviene la ordenanza tal. Vamos, la manga ancha pura y dura.
Pero el colmo de los despropósitos lo encontramos en la siguiente afirmación “Se busca así evitar algunos enfrentamientos repetidos en las últimas semanas”. Es decir, que si le monto la pirula al agente en cuestión por la multa que me va a poner o me está poniendo, a mi ciudadanito de a pie, cañita de la buena. Pero si soy el chofer del fulano o formo para de la escolta del mengano, con tal de no discutir, pues nada. Como si los ciudadanos no lleváramos toda la vida con enfrentamientos repetidos.
En resumen, que ellos si pueden dejar el coche donde quieran y cuando quieran, a pesar de la normativa vigente, incluso cuando estorba y tienen sitio, y los demás no.
Para eso el propio Ayuntamiento de Pamplona facilita unos tarjetones que deben colocarse en lugar visible. Claro, y si el coche es de esos camuflados, como son la mayoría, ¿el agente debe ser adivino?.
O si el vehículo realmente obstaculiza ¿tampoco lo multan ni ordenan su retirada?.
Oigan, que esto no es serio. Ni es seria la actitud que la policía tenía habitualmente con estos señores, a los cuales les permitían todo. Ni es seria la actitud de a estos palo, y a esto, a los del coche oficial guante de seda.
La Constitución Española en su artículo 14 establece la igualdad de todos ante la Ley. Y en otro artículo el sometimiento de los poderes públicos a la legalidad vigente. A buen entendedor pocas palabras bastan.
Lo que no podrán impedir será el que los ciudadanos denunciemos esos vehículos mal estacionados. Ni el ridículo que consiguen en la red.
martes, 9 de noviembre de 2010
Cuando una administración no respeta al ciudadano, ha llegado la hora de cambiarla.
Cuando una administración no respeta al ciudadano, ha llegado la hora de cambiarla.
Eso escribía esta mañana en mi twitter tras pasar una noche de esas que mi amiga la Munárriz llama “toledana”. Tres horas antes de mi habitual despertar, no dejaba de darle vueltas a un asunto del despacho. Unas pobres señoras a las que el Ayuntamiento de Pamplona les quiere tirar su casa, bajo la cobertura del Gobierno de Navarra, dentro del PSIS del TAV.
Una cosa es lo que te dicen en privado. Nos hemos equivocado, no os habéis podido defender, el Plan Municipal no contemplaba su derribo., etc… Vamos que tenemos razón.
Y otra lo que dicen que van a hacer. Que para Pamplona, no tiene ningún sentido esas viviendas ahí, y que las van a tirar sí o sí.
Todo eso, a pesar de que a los técnicos del Gobierno, ni les molestan esas viviendas, ni tienen porqué comerse semejante marrón de la paralización de instrumentos de planeamiento. Vamos que en el fondo aunque les ganemos la batalla, la guerra está muy jodida.
Y eso es lo que verdaderamente me indigna. ¿Tenemos los ciudadanos la obligación de aguantar una administración que pisotea nuestros derechos?. No estoy hablando de los políticos, de momento. Sino de las estructuras administrativas aferradas al poder in illo tempore que se retroalimentan a si mismas, que hacen y deshacen a su antojo.
Desde hace muchos años la Administración es conducida por las mismas personas (todavía no he llegado al os políticos), por lo menos en su mayor parte. Tanto la municipal como la de la Comunidad Foral. Esto implica necesariamente un nivel de autocomplacencia y de compañerismo mal entendido, que a la postre termina vulnerando los derechos cívicos de los administrados.
Sin ir más lejos, antes de llegar al despacho me comenta un hostelero del casco antiguo la cantidad de pegas, de contradicciones de estupideces que le ponen para abrir su nuevo local. Que con la que está cayendo en España tengamos burócratas que por no hacer bien su trabajo estén todo el día que si píntame la fachada, que los cristales no sé cómo, que hay que tirar no se qué. Coño, léase el proyecto que es lo que usted me ha aprobado.
Que ese señor crea empleo y estable. Da un servicio y de calidad, mejora la imagen de la ciudad y de la comunidad.
Y luego, cuando te topas con este tipo de gentes, si quieres hablar con el político, muchas veces, espérate sentado. Vamos, eso en el mejor de los casos. Que a mí me ha pasado que te lo echan encima con esas cuestiones tan habituales en la política de los intereses económicos y otras lindezas.
Por eso creo que cuando una administración no respeta al ciudadano, ha llegado la hora de cambiarla.
Eso escribía esta mañana en mi twitter tras pasar una noche de esas que mi amiga la Munárriz llama “toledana”. Tres horas antes de mi habitual despertar, no dejaba de darle vueltas a un asunto del despacho. Unas pobres señoras a las que el Ayuntamiento de Pamplona les quiere tirar su casa, bajo la cobertura del Gobierno de Navarra, dentro del PSIS del TAV.
Una cosa es lo que te dicen en privado. Nos hemos equivocado, no os habéis podido defender, el Plan Municipal no contemplaba su derribo., etc… Vamos que tenemos razón.
Y otra lo que dicen que van a hacer. Que para Pamplona, no tiene ningún sentido esas viviendas ahí, y que las van a tirar sí o sí.
Todo eso, a pesar de que a los técnicos del Gobierno, ni les molestan esas viviendas, ni tienen porqué comerse semejante marrón de la paralización de instrumentos de planeamiento. Vamos que en el fondo aunque les ganemos la batalla, la guerra está muy jodida.
Y eso es lo que verdaderamente me indigna. ¿Tenemos los ciudadanos la obligación de aguantar una administración que pisotea nuestros derechos?. No estoy hablando de los políticos, de momento. Sino de las estructuras administrativas aferradas al poder in illo tempore que se retroalimentan a si mismas, que hacen y deshacen a su antojo.
Desde hace muchos años la Administración es conducida por las mismas personas (todavía no he llegado al os políticos), por lo menos en su mayor parte. Tanto la municipal como la de la Comunidad Foral. Esto implica necesariamente un nivel de autocomplacencia y de compañerismo mal entendido, que a la postre termina vulnerando los derechos cívicos de los administrados.
Sin ir más lejos, antes de llegar al despacho me comenta un hostelero del casco antiguo la cantidad de pegas, de contradicciones de estupideces que le ponen para abrir su nuevo local. Que con la que está cayendo en España tengamos burócratas que por no hacer bien su trabajo estén todo el día que si píntame la fachada, que los cristales no sé cómo, que hay que tirar no se qué. Coño, léase el proyecto que es lo que usted me ha aprobado.
Que ese señor crea empleo y estable. Da un servicio y de calidad, mejora la imagen de la ciudad y de la comunidad.
Y luego, cuando te topas con este tipo de gentes, si quieres hablar con el político, muchas veces, espérate sentado. Vamos, eso en el mejor de los casos. Que a mí me ha pasado que te lo echan encima con esas cuestiones tan habituales en la política de los intereses económicos y otras lindezas.
Por eso creo que cuando una administración no respeta al ciudadano, ha llegado la hora de cambiarla.
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